En el Ecuador, como en muchos países de América Latina, la participación ciudadana en el sistema judicial enfrenta barreras significativas. Una de las más importantes, aunque poco discutida, es el pánico social a colaborar con la justicia.
La posibilidad de represalias convierte la colaboración con el sistema penal en un acto de valentía que muchos ciudadanos no están dispuestos a asumir. La importancia de testigos, víctimas e informantes para el funcionamiento adecuado de la justicia es incuestionable.
Colaborar con la justicia, desde una práctica profesional, conlleva varios problemas que requieren atención: el miedo a represalias, la desconfianza en las instituciones, la percepción de que el sistema no protege adecuadamente a quienes participan en él.
La ley debería establecer mecanismos claros para proteger y garantizar la seguridad de las personas que colaboran con la administración de justicia. Sin testimonios ni pruebas, los procesos se debilitan, los casos se archivan y los responsables quedan libres.
Para cambiar esta realidad se necesita una reforma cultural y legal que garantice protección real y efectiva a quienes colaboran con la justicia, y que construya confianza institucional desde las bases de la sociedad ecuatoriana.
Artículo de la columna Francamente, por José Molina Gallegos.