¿Cómo puede uno defender a alguien si sabe que es culpable? Es la pregunta que me hacen con más frecuencia, como si la labor del abogado defensor fuera simplemente abogar por quien «merece» ser defendido.
Se trata de que nadie sea condenado sin un proceso justo, sin pruebas suficientes, sin que se respeten sus derechos. El abogado penalista no defiende el delito: defiende a la persona. Esa diferencia es fundamental para cualquier sistema de justicia que merezca ese nombre.
El proceso penal es uno de los ejercicios más importantes de poder que tiene el Estado. Cuando el Estado decide perseguir a alguien, lo hace con todos sus recursos. El abogado defensor es el contrapeso necesario para que ese poder no se ejerza de manera arbitraria.
Sin un abogado que revise las pruebas, que cuestione los procedimientos, que proteja los derechos del acusado, el sistema se convierte en un mecanismo de condena automática. Y en ese escenario, cualquiera podría ser víctima de la injusticia.
En un Estado de derecho, todos merecen una defensa. No porque el acusado sea inocente, sino porque el proceso justo es la única garantía de que el sistema funciona para todos, incluyendo para quienes algún día puedan ser acusados injustamente.
Artículo de la columna Francamente, por José Molina Gallegos.