Un «fallo» puede ser una sentencia. También puede ser una falla, un error, una fractura del sistema. Y en el Ecuador, con frecuencia, la palabra adquiere ambos significados al mismo tiempo.
La independencia judicial no es solo un principio constitucional; es una condición sine qua non para que la justicia funcione. Cuando los jueces son percibidos como vulnerables a presiones externas —políticas, económicas o de otra índole—, la confianza en el sistema se erosiona.
El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal establece claramente las causales de nulidad de los procesos. Sin embargo, hay cuestiones que van más allá de la norma: la percepción ciudadana de que las sentencias no siempre responden al derecho, sino a otros factores.
La solución exige reformas estructurales, pero también una reflexión colectiva sobre qué esperamos del sistema judicial. La justicia no puede ser una herramienta al servicio de ningún poder particular. Debe ser, por definición, el espacio donde las reglas se aplican de manera igualitaria para todos.
Artículo de la columna Francamente, por José Molina Gallegos.