En 1992, mientras cursaba mis primeros años en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, fui contratado en las consultorías jurídicas del despacho de García Moreno. Allí conocí a personas que habían decidido delinquir por múltiples razones: ser arrastradas por sus propios padres, buscar lujos que no podían alcanzar, o simplemente por sobrevivir. Historias complejas, más humanas que monstruosas.
Hoy, tras décadas en el ejercicio del derecho penal, confirmo una verdad incómoda: el derecho penal no alcanza. Y, sin embargo, insistimos en usarlo como único remedio frente al desmoronamiento social. El derecho penal no soluciona los problemas.
Vivimos inmersos en un clima de populismo punitivo, esa peligrosa ilusión de que más delitos y penas más severas resolverán la crisis. Aumentamos condenas con el propósito de contener el miedo, pero solo agrandamos el abismo.
No se trata de negar la gravedad de la violencia, los asesinatos, extorsiones, bombas, impunidad. La indignación es legítima. Pero creer que el castigo es la única respuesta, entregarle toda la responsabilidad al derecho penal, es renunciar a las soluciones estructurales.
¿Estamos preparados para rehabilitar? ¿O simplemente encerramos y olvidamos? Nuestro sistema penitenciario no resocializa: hacinamiento, corrupción, fabrica delincuentes. Las cárceles se han convertido en fábricas del crimen.
El derecho penal tiene límites. No repara, no educa, no reinserta —aunque esos deben ser sus fines—, y lo que la sociedad ha dejado de sembrar: valores, oportunidades, justicia social, no lo puede resolver un juez ni una sentencia.
La solución exige algo más incómodo: educación, prevención, inversión. No se construye de la noche a la mañana, pero si no empezamos ya, lo único que seguiremos construyendo son cárceles más grandes y sociedades más rotas.
Artículo de la columna Francamente, por José Molina Gallegos.